Publicada en Brando, enero de 2014.
Los mapas, en la historia, cambian. A veces por guerras, otras por diplomáticos que firman un papel, y otras por bombas, pero no de las que explotan, sino de esas informaciones que salen a la luz y obligan a pararse de un lado o del otro. Eso pasó en 2013 cuando Edward Snowden, un consultor informático trabajando para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, mostró lo que todos suponíamos: Estados Unidos recopila información de casi todos los ciudadanos del mundo, bajo su territorio o no, Presidentes o gente común, vos, yo, cualquiera.
Tras el escándalo, dentro de la potencia de Obama no sucedió una revolución, tal vez por una culpa masivamente colectiva: después de la caída de las Torres Gemelas, casi todos estuvieron de acuerdo con atrincherarse contra el terrorismo, garantizando la “Homeland security”, esa que la serie muestra con medios y fines despiadados. Sin embargo, afuera, en el Sur, alguien dijo “conmigo no, Barack, a mí no me vas a leer los mails”. Fue una mujer, la presidenta de Brasil, unas de las 5 potencias que forman los BRICS, el bloque con el 43% de la población del mundo y el mismo PBI de EEUU. Fue ella, Dilma Rousseff, la que se enojó mucho. “Estamos ante un caso de invasión y sobre todo ante un caso de falta de respeto sobre la soberanía de nuestro país”, dijo, mirando al frente, usando las cámaras de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y agregó: “Brasil sabe cómo protegerse. Brasil redoblará sus esfuerzos para contar con leyes, tecnologías y mecanismos que nos protejan adecuadamente contra la intercepción ilegal de comunicaciones y de datos. Mi gobierno hará cuanto esté a su alcance para defender los derechos humanos de todos los brasileros y para proteger los frutos surgidos del ingenio y los trabajadores de las empresas de Brasil”.
Dilma, pidió, y pidió con motivos. En los últimos dos años, su gobierno sacó de la pobreza a 22 millones de brasileros de la pobreza, con economía social, con empoderamiento ciudadano. También le echó en cara al resto de los países que en Brasil hay paz: “acá no hay terrorismo”, les dijo a los yanquis, cuyo cine intenta encontrar Bin Ladens en la Triple Frontera (pero sólo lo logra en la ficción). Con todo a favor, volvió a Brasilia y en pocos meses lanzó una serie de iniciativas de soberanía digital, dejando en claro algo obvio pero escondido bajo la alfombra por años: ninguna decisión técnica de los gobiernos es neutral políticamente. Les dijo, a todos, que el espionaje, de otros gobiernos, o empresas, podrá ser inevitable, pero al menos deberá tener leyes para evitar abusos a los derechos de la gente, no sólo los digitales, también derechos humanos básicos, como informarse, divertirse, crear conocimientos.
En su plan de soberanía tecnológica, la presidenta de Brasil anunció crear redes de cables de fibra óptica independientes de la infraestructura dominante de Estados Unidos. Hay dos iniciativas en este sentido. La primera es la creación de un anillo de fibra óptica de la Unasur, con 10 mil kilómetros administrados por empresas estatales, para disminuir costos a los usuarios, e independizar parte de la infraestructura del dominio de la potencia. La segunda, que avanza hacia 2015, es la integración en el proyecto BRICS cable, una red de 34 mil kilómetros de cables interoceánicos que empezará en la rusa ciudad de Vladivostok, pasará entre otros lugares por Singapur, Ciudad del Cabo y Fortaleza, hasta llegar a Estados Unidos. Dilma también reveló que su canciller Celso Amorim y su par de la Argentina van a avanzar en un proyecto para combatir el espionaje y proteger recursos naturales estratégicos, que involucra a las Fuerzas Armadas de ambos países. Además de lo físico, sumó los datos: propuso instalar servidores en el territorio brasileño, crear un servicio de emails brasileño con su propio sistema de encriptación, y exigir a empresas como Google o Facebook a almacenar información de usuarios de ese país en servidores locales. Es lógico (pero nadie se había atrevido a pedirlo, eh): si los datos quedan en servidores de Estados Unidos, cualquier intromisión se rige por la ley de ese país, dejando a los ciudadanos de otras naciones bajo una legislación ajena.
Pero Brasil fue aún más lejos –más que todos- y planteó una ley llamada “Marco Civil de Internet”, que existía como proyecto desde 2009, pero el impulso soberano-tecnológico logró reflotar. Rebautizada como la “Constitución de Internet para Brasil”, es un marco regulador que busca proteger la neutralidad de la red, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios, y además incluye propuestas de gobierno abierto. La ley fue discutida masivamente en foros de debate con la sociedad civil y a través de la red, y luego enmendada perdiendo su potencia inicial, con el objetivo de generar consenso para aprobarla. Aún así, sigue siendo una herramienta avanzadísima en términos de derechos de Internet. El PT de Dilma esperaba aprobar el Marco Civil antes de fin de año, pero las presiones lograron aplazarlo hasta el año que viene.
En su audaz movida, Brasil ganó aliados y enemigos, como sucede en toda guerra. Un mes después del discurso de Dilma en la ONU, se reunieron en Montevideo las principales organizaciones del gobierno de Internet (ICANN, Internet Society y W3C, entre otras) y firmaron una declaración apoyando a la potencia sudamericana, preocupados por el avance del plan de vigilancia de Estados Unidos. El documento fue histórico, porque algunas de esas organizaciones pertenecen y responden al sistema de Naciones Unidas y al complejo militar estadounidense, que son quienes están dictando, desde principios de los 2000, la ley de Internet, conocida como “Gobernanza” (en cuya creación también hay actores privados, de la sociedad civil y de la comunidad técnica). Estas organizaciones fueron muy criticadas por los activistas de Internet, pero este año decidieron ponerse –o al menos expresarse- en favor de un país que propone defender una Internet libre.
Del otro lado, Estados Unidos respondió. No en la ONU, claro. Pero sí por medio de los que hablan por ellos. La semana siguiente a la arenga de Dilma en la Asamblea General, la tapa de The Economist fue el Cristo Redentor de Río de Janeiro prendido fuego, cayendo de un morro para estrellarse en el suelo carioca. La excusa era la desaceleración de la economía (sin decir nada del repunte de los indicadores sociales), la inflación y las protestas en las calles que ocuparon los medios en junio. Pero todo apuntaba a Dilma: suya –y solo suya- era la culpa de cada mal del país. Un mes más tarde, llegó la culpa explícita, en letras del Financial Times: “Brasil está yendo demasiado lejos con la seguridad de Internet”, titulaba el periódico del establishment económico en sus páginas color salmón. Tras recordar que el país no debería ponerse en contra de Internet porque es el segundo en cantidad de cuentas de Facebook en el mundo (¿?), la nota, sin firma, seguía: “El proteccionismo de Rousseff con la web es malo para su país. Le resta competitividad y daña a su sector tecnológico. Va a sufrir. Rousseff debería pensarlo de nuevo”.
