Columna sobre Guerras de internet y las Elecciones 2015 publicada en Puntogov, medio especializado en políticas públicas #TIC en Iberoamérica para interesados en Gobierno y Tecnología en la región.
“El país tiene que preguntarse cuál es el rol que quiere para la tecnología. Tiene que haber una descripción ideológica sobre el futuro de la economía y de la tecnología”, dijo en videoconferencia desde Londres a Argentina el activista y fundador de WikiLeaks Julian Assange hace unos días, en el Foro de Cultura Digital. Bajo su autoridad la frase adquiere una importancia de axioma: ya no es una opción sino un deber tomar decisiones que nos lleven a nuestra independencia y desarrollo tecnológico.
Para lograrlo –eso sí- se necesitan decisiones que sólo la política puede tomar. Porque las opciones tecnológicas nunca son neutrales: todas involucran una ideología, aun (o aún más) las que no se toman. En los últimos años, nuestros gobiernos demostraron que es posible ejercer la autonomía, por ejemplo, frente a las presiones del sistema financiero internacional en su peor versión, los fondos butires. Nada sencillas las consecuencias de esa autonomía, claro. Pero nos hemos demostrado que salir de la inexorabilidad de seguir caminos trazados por otros es posible.
El 10 de diciembre tendremos un nuevo gobierno. ¿Qué decisiones tecnológicas tendrá que tomar el próximo Presidente de la Argentina, como líder de un entramado de otros decisores y hacedores de política en ministerios, secretarias, municipios, legislaturas? De tres tipos: de infraestructura, de derechos y de conocimiento. Casi todas se basarán en políticas que ya están en marcha pero necesitan ser profundizadas, como el plan Argentina Conectada, Conectar Igualdad, el nuevo papel de Arsat y la industria satelital, la ley Argentina Digital para el desarrollo de las telecomunicaciones convergentes, la protección de las infraestructuras críticas, un mayor avance en la inclusión y la educación digital. Para otras se necesitarán nuevas medidas, trabajar para transformar en acciones concretas la defensa de los derechos digitales o resistirse al avance sin crítica de los monopolios tecnológicos.
En términos de infraestructura quizá esté el mayor desafío. Esta es la década donde tenemos que inundar cada ruta de la Argentina con fibra óptica. Nuestro país todavía necesita una red de conectividad más extensa, pero al mismo tiempo, menos monopólica y concentrada geográficamente. Argentina Conectada fue y es un paso importante en la ampliación de la conectividad, pero todavía precisa extenderse más y llegar efectivamente a más rincones del país. Los Estados hoy deben construir redes de fibra óptica tal como construyen rutas o escuelas, ya que son fundamentales para la economía, la innovación, la educación y la cultura.
Pero también deben ocuparse de desmonopolizar un mercado de telecomunicaciones que sigue concentrado, en el caso de la Argentina, en 3 grandes empresas que proveen al 75 por ciento de la población. Con ello, no sólo fomentaran mejores precios (Argentina tiene uno de los precios más caros de la región, sólo superado por México, otro mercado de telecomunicaciones altamente concentrado), sino una mayor competencia, que redundará en una mejor calidad de servicio (por ejemplo, para acercarnos nuestros 5 megas promedio de velocidad de descarga a los 9 de Uruguay, los 11 de Brasil o los 12 de México). Y junto con ese desafío, otro importante es descentralizar la Red: hoy el 78% de los argentinos conectados se agrupan en el 30% del territorio. El mapa se completa con datacenters, como el de Arsat, también en otras provincias, pero además con más cooperación en puntos de intercambios de la Red, y continuando el camino de la inversión satelital. Soberanamente, ocuparse de la infraestructura garantiza que nosotros (y no las empresas extranjeras que ya dominan el mercado) tengamos más poder sobre los precios y la cobertura de internet, un servicio que debe ser garantizado como derecho.
Pero no es suficiente con conectarse. Junto con ese objetivo, los Estados deben involucrarse en garantizar que los derechos de sus ciudadanos sean respetados en la Red. Por los propios gobiernos, y por las empresas y gobiernos extranjeros. Asegurar el respeto a la privacidad de las comunicaciones y el acceso a una Red libre de censura, con iguales oportunidades de expresión para todos, también forma parte de la responsabilidad de los Estados. Para lograrlo, el trabajo es en conjunto con una comunidad, organismos y activistas internacionales, pero también con las grandes empresas de internet que controlan los enormes volúmenes de datos de los ciudadanos: motores de búsqueda, redes sociales, plataformas de contenidos. El desafío es complejo, ya que implica hacer valer los mismos derechos en todos los ámbitos: el offline y el online (que ya, y desde hace mucho, son el mismo, pero a veces se separan, con intención de no responsabilizarse por lo que sucede en internet, especialmente en términos de vigilancia masiva).
Como tercer pilar, ser soberanos es trabajar en la educación y la información de los ciudadanos para fomentar la elección tecnológica en cada ámbito de la vida. Desde la escuela, pero también en nuestros ámbitos laborales y desde la información, elegir qué software, máquinas y aplicaciones utilizamos diariamente, y a quién ofrecemos nuestros datos, es una forma de construir ciudadanía. Las decisiones tecnológicas (desde la compra y utilización de software hasta sistemas más complejos como el voto o la vigilancia) están concentradas en un pequeño grupo de compañías, generalmente con sede en Estados Unidos o Europa, de las cuales dependemos, pero a las que también confiamos gran parte de nuestros procesos cotidianos. Comenzar a intervenir políticamente sobre esas elecciones desde la política, y educar a las próximas generaciones para que conozcan cómo está hecha la tecnología y además puedan ser protagonistas de las siguientes innovaciones es una de las políticas más sustentables que puede tomar un próximo gobierno.
Finalmente, para tomar cualquiera de estas decisiones, se necesita algo fundamental: que los políticos cuenten con asesores tecnológicos. Pero no cualquier tipo de asesor, sino un grupo de expertos a los que también les interese la política y sean parte de ella (con todo lo que implica: a veces mayor autonomía, a veces paciencia, a veces esperar el momento adecuado, mientras –siempre- se sigue aprendiendo y actualizándose sobre las innovaciones). Para nosotros, esta generación de expertos que tendremos en nuestras manos, el desafío no es pequeño y requiere valentía. Las empresas de tecnología y sus lobistas siempre estarán tocando la puerta del despacho para ofrecer sus productos y soluciones. Estará en los buenos asesores sopesar opciones, analizar experiencias de países con necesidades similares, entender a fondo las tecnologías, relacionarlas con los objetivos de desarrollo del país. Para ello, se requiere ver la gran película del país, y no una decisión aislada. Y, siempre, elegir: ¿queremos tecnologías de control o de libertad? ¿queremos tecnologías para todos o monopólicas y privativas? ¿las queremos para hoy o queremos desarrollar las de mañana?
Como dice Evgeny Morozov, y rescato en Guerras de internet: “La tecnología es política. Muchas de las decisiones que se parecen a las decisiones acerca de la tecnología en realidad no son en absoluto acerca de la tecnología. Son de política”.
