Balance del año tecnopolítico: Magia, negocios y soberanías
El historiador inglés Eric Hobsbawn decía que el siglo XIX había sido largo: iniciado con la Revolución Francesa en 1789 y terminado con la Primera Guerra Mundial en 1914. 125 años donde Europa pasó del fin de la monarquía a los Estados capitalistas burgueses, con una gran guerra en el medio que estableció los ganadores del nuevo orden mundial. En cambio, decía, el siglo XX fue corto: 77 años desde 1914 hasta la caída del muro y el triunfo del capitalismo en 1991.
Sucede algo parecido con el 2016 tecnopolítico visto desde Argentina: al saludarlo desde el fin del camino, parece eterno. La forma en que el Gobierno macrista entiende el lugar del Estado en la iniciativa y el desarrollo de la tecnología y la ciencia explican gran parte de los cambios. El resto lo hace una fuerza mundial, que sigue creciendo y por ahora parece irrefrenable: la concentración de mercado –y por lo tanto de poder de decisión, marketing e influencia planetaria- de las grandes empresas multinacionales de tecnología.
El año empezó a los pocos días de asumir el nuevo Gobierno de Cambiemos, cuando Mauricio Macri decretó la modificación en los organismos que regulan las telecomunicaciones en Argentina. Siguió con acercamientos a los grandes de la tecnología durante el verano. El invierno trajo la gran batalla: el intento de imponer el voto electrónico, un sistema rechazado en el mundo pero que el oficialismo argentino consideró moderno. Antes y después, el resto del año tuvo otras noticias donde la ciencia y la tecnología sufrieron, en especial, en conservar sus soberanías: los cambios en Conectar Igualdad, en Arsat y los recortes en el presupuesto del Conicet. Mientras tanto, en el mundo, las máquinas conectadas a la Red crearon pánico cuando comenzaron a atacar a la internet misma, la publicación de los Panamá Papers volvió a usar la transparencia contra la opacidad del poder, y el crecimiento de informaciones falsas y la posverdad nos alertaron sobre algo que se está saliendo de control en el mundo de las noticias, tanto como para cambiar una elección.
Aquí, el resumen 2016 de la tecnopolítica, desde algún lugar de Buenos Aires:
Diciembre de 2015: Reforma y concentración
“El país tiene un atraso tecnológico fenomenal”, dijo el recién nombrado ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. Su diagnóstico, era que “gran pelea del kirchnerismo con los medios críticos” había frenado la modernización de la estructura tecnológica de la Argentina. Se olvidaba de nombrar las décadas de vista gorda del Estado, que hizo de la concentración su política para esa industria. El cable en manos del Grupo Clarín/Cablevisión y DirecTV (AT&T), los celulares con Claro (Telmex), Personal (Telecom) y Movistar (Telefónica), internet con Telefónica, Telecom y Fibertel. Las empresas de celulares de Argentina liderando con un 80 por ciento los reclamos de defensa del consumidor, las tarifas más caras de América Latina y una de las peores coberturas 4G del mundo (Argentina, en el puesto 65 de 68, solo delante de Filipinas y Sri Lanka). Las empresas de tv por cable con el abono más oneroso de América Latina y las compañías de internet con 6 megas promedio (contra los 22 de Uruguay, los 14 de Chile o los 12 de Brasil) y con el precio más caro de la región (sólo superado por México, dominado por el monopolio Telmex).
Entonces, Cambiemos dispuso que la solución era concentrar todo aún más, bajo el Ministerio de Ministerio de Comunicaciones, eliminar y poner bajo su órbita a la Afsca y la Aftic (los órganos de regulación y aplicación de las leyes de Medios de 2009 y telecomunicaciones Argentina Digital de 2014), crear un nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), reformar artículos clave de las leyes de medios y telecomunicaciones, y establecer un decreto que permite mayor concentración y cruces entre las empresas infocomunicacionales. Desde el trono del nuevo imperio, el radical Aguad anunció que la ENaCom presentaría una nueva ley de telecomunicaciones de intención “superadora” y “modernizadora” en el transcurso del año. La “convergencia tecnológica” fue la nueva excusa: tenemos una ley vieja, ya no hay una frontera entre las industrias de las comunicaciones, los medios y la audiovisual, así que démosle a todas las empresas la posibilidad de prestar todos los servicios (si en el medio los grandes pulpos de siempre se quedan con el negocio, bueno, es una consecuencia que ya el mismo mercado corregirá).
Pero el año terminó y la modernización no ocurrió (los celulares no funcionan mejor, conservamos una internet cara y mala y el precio del cable sube). Tampoco se conoció la nueva ley de telecomunicaciones, que tenía plazo 2016 y ahora se extiende al primer semestre del próximo año. Lo que sí conocimos es que no ENaCom no estaría sola en su redacción: la consultora estadounidense McKingsey fue contratada por el ministerio para redactar la nueva ley, a razón de casi 900 mil dólares de honorarios por 16 semanas de trabajo (como reveló en mayo una investigación del periodista Fernando Krakowiak). Mientras tanto, y para terminar el año con sinceramiento comunicacional, el ministro Aguad, aseguró: “En Argentina no hay medios monopólicos, sino medios más poderosos que tienen más audiencias”.
Enero de 2016: Davos y los dueños de internet
Luego de encargarse de la devaluación, el empleo público y los medios, el flamante Presidente emprendió en enero un viaje al centro del mundo financiero, es decir, del poder: el Foro Económico de Davos. La visita duró dos días, por lo que la agenda debía elegir estratégicamente a sus interlocutores para las reuniones privadas. Entre ellos, Macri eligió a los CEOs de las tres empresas tecnológicas más grandes del mundo: Sheryl Sandberg de Facebook, Eric Schmidt de Google y Satya Nadella de Microsoft. “Volvimos a hablar con el mundo”, escribía tras su viaje en el muro de la red social Mark Zuckerberg (el sexto hombre más rico del mundo y dueño de una de las empresas que facturan en el mundo gracias a la concentración de la industria de la publicidad en su plataforma).
Desde su inicio el Gobierno dejó en claro que responde a una fe: el tecno-optimismo, que sostiene que siempre a más tecnología se consigue más progreso, e incluso, la paz. Según esa fe, la tecnología, no produce problemas ni acarrea contradicciones. Y siempre es mejor aplicarla primero y medir sus resultados después: de no hacerlo, pierde el tren del futuro y se cae en el atraso. Dentro de este credo, el Estado tiene poco que hacer: son los emprendedores, a través de la innovación particular, los encargados de modernizar al país. Sin un gran capital inicial, en un garaje, con el modelo de Steve Jobs de Apple como ícono, el mito reza que su creatividad y flexibilidad les permiten superar los escollos de unos mercados o un Estado que ya quedaron viejos. (Lo que la fábula omite es que el papel del Estado siempre ha sido clave en el progreso de estas empresas, incluso en Estados Unidos y en el caso de Apple, que recibió financiación del gobierno en sus etapas iniciales y utilizó tecnología financiada por el sector público para crear productos inteligentes -internet, el GPS, la pantalla táctil, la activación por voz-).
Febrero 2016: Facebook y la tercerización del Estado
De regreso en la Argentina, Facebook pareció recibir beneficios rápidos tras la reunión de Davos. Presidencia anunció que el ministerio de Modernización lanzaría un plan piloto para implementar Facebook at Work (FAW) en la administración pública. Lanzada al mercado en enero de 2015, FAW es una plataforma de gestión para empresas que ayuda a empleados dentro de una compañía o a grupos de trabajo a conectarse y colaborar en sus tareas diarias (como lo hacen otros desarrollos similares como Asana, Slack o Yammer), y funciona intuitivamente para cualquier persona que tenga una cuenta en Facebook. Con 23 millones de usuarios en la Argentina, el producto podía ser de fácil adopción. Sin embargo, la novedad era que nuestro país iba a ser el primero en el planeta en adoptar la herramienta, ideada para el ámbito privado, para la gestión estatal.
Confirmada la implementación del programa piloto desde el ministerio de Modernización, las voces se alzaron con preocupación y advertencia. La primera fue la decisión de elegir una herramienta tecnológica para el Estado sin licitación pública (a lo que el Gobierno respondió que como era un “regalo” de Facebook, no precisaba licitarlo). La segunda crítica es cómo se manejarán los datos y la privacidad de los datos del ámbito público (es decir, de todos nosotros) dentro de una herramienta de una corporación extranjera, con sus servidores almacenando información también en el exterior.
El proyecto de Facebook at Work quedó sin aplicarse. Sin embargo, al terminar 2016, se conoció una noticia similar: que otro Ministerio, esta vez del Interior, había decidido traspasar los datos de los ciudadanos a la nube de Microsoft Office 365, es decir, a servidores estadounidenses (los mismos que Edward Snowden había denunciado que son espiados con las agencias de inteligencia norteamericanas, y cooperan con ellas para eso). El problema se repite: si el Ministerio tenía sus propios servidores en el territorio argentino, ¿por qué tercerizarlos a los de un servicio en un país extranjero, con menor soberanía y capacidad de control?
Marzo de 2016: Uber y el mito de la economía colaborativa
El domingo 27 de abril, a la hora del almuerzo, Uber anunciaba que llegaba a la Argentina en su cuenta de Twitter: “¿Querés ser tu propio jefe manejando con Uber? Registrate en sociosar.com y conocé los detalles #UberArg”. La empresa, que en siete años se había expandido en 66 países y 400 ciudades, desde sus oficinas en California, con sólo mil empleados, sumaba a Buenos Aires a su mapa de operaciones. Con su llegada se abrió una de las grandes polémicas del año, la misma que enfrenta en cada lugar del mundo: ¿el Estado debe dejar que la empresa opere en el marco del libre mercado, o le corresponde regular los conflictos que genere, en especial con trabajadores, sindicatos, el fisco y las normas locales? El mal prestigio de los taxistas locales y la fortaleza de sus gremios le dieron leña al fuego. Algunos usuarios reclamaron su poder de elección; otros, más cautos, se preguntaron: quién paga las cargas sociales, la jubilación, los posibles accidentes, los arreglos del auto.
Mientras tanto, Uber repitió su mantra para evitar responsabilidad: “No somos una empresa, somos una plataforma que conecta trabajadores con usuarios”. Bajo esa consigna, la de la “economía colaborativa”, la empresa dice que su función es la de mera facilitadora de una nueva tecnología, que no se mete con la economía ni la política. Sin embargo, Uber no representa un ejemplo de “nueva economía colaborativa”. No es una aplicación que conecta pasajeros y choferes. Es un intermediario: una empresa que al hacerlo se queda con el 20% al 30% del valor del viaje. Si fuera un caso de economía colaborativa, en la operación no habría una ganancia, como sucede con el peer-to-peer (compartir archivos a través de internet), con el couchsurfing o con otras aplicaciones para compartir autos o viajes.
Pero Uber no funciona en una red igualitaria, sino que centraliza las operaciones y gira sus utilidades a Estados Unidos a una magnitud tal que su valor ya asciende a 18 mil millones de dólares y ocupa un lugar entre una de las 50 empresas más poderosas de Estados Unidos. Su modelo es tan rentable que incluso realiza operaciones contables para evitar el pago de impuestos, a través de un esquema “laberíntico y técnico”, que incluye empresas offshore en paraísos fiscales, como lo demostró la mismísima revista Fortune. Mientras esto sucede, la compañía recaba datos de sus usuarios, que luego usa como poder de negociación con los gobiernos locales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno y la secretaría de Transporte enfrentaron con decisión el problema. Primero, le dijeron claramente a la multinacional que debía adecuarse al código de transporte y a las normas tributarias y laborales locales. Luego, decidió desarrollar su propia aplicación de transporte: BA Taxi, demostrando que no se trata de “tecnología sí versus tecnología no”, sino de quién controla, para qué y cómo se utilizan los beneficios de los avances tecnológicos. El próximo paso será que otra corporación, la del transporte, también adapte sus prácticas a los nuevos tiempos. Sino, perderá la oportunidad de asociarse al progreso, desde un lado positivo, con derechos también para los trabajadores y los pasajeros.
Abril: Panamá Papers y la opacidad del poder
En una revelación de documentos 46 más grande que la de WikiLeaks (2.6 terabites de datos y 11 millones de documentos) abril comenzó con otro caso donde la tecnología ayudó a revelar secretos, en este caso corporativos y de la firma de abogados Mossack Fonseca. La información llegó por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Trabajaron en conjunto el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y revelaron las propiedades, empresas, dinero y evasión tributaria oculta del poder internacional: presidentes (entre ellos Mauricio Macri, su familia y asesores cercanos), jefes de Estado, líderes políticos, personalidades de las financias, la farándula y el deporte.
El caso recordó el modo en que Edward Snowden, en 2013, había sacudido la política mundial cuando reveló que el gobierno norteamericano, a través de la Agencia Nacional de Seguridad, espiaba a ciudadanos y líderes extranjeros, pero también a sus propios habitantes, a través del mega sistema de espionaje Prism (que realizaba 2.000 informes mensuales de vigilancia con la ayuda de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube y Apple).
Los Panamá Papers pusieron en el debate público una de las caras de la desigualdad mundial. Que el 1 por ciento del mundo concentre más de la mitad de la riqueza se debe a que ocultan sus ganancias y evitan pagar impuestos (es decir, trabajan para no trasladar algo de esas fortunas hacia sus sociedades). En el caso del periodismo, la revelación también recordó que los medios “tradicionales” ya son confiables por sí mismos, pero que un buen antídoto es unirse en un consorcio que genere los “pesos y contrapesos” necesarios para controlarse entre sí. Eso, por ejemplo, quedó demostrado cuando alguno de los periodistas locales no profundizaba sobre el caso de algún líder local, y otros investigadores con acceso a los mismos documentos alertaban al respecto. En definitiva, se trata de una demostración donde el acceso público a la información, si es compartido y controlado horizontalmente, promueve una mayor democracia.
Mayo de 2016: Conectar Igualdad y la educación privatizada
En el país de los emprendedores y la “meritocracia”, el Gobierno de Cambiemos empezó el año desmantelando al equipo central de Conectar Igualdad y retrasó la entrega a las futuras generaciones de su principal herramienta de progreso social: la computadora personal. Durante los primeros meses del año, se responsabilizó de la demora al recambio de la gestión en el ministerio de Educación, de quien dependía, junto con Anses. El programa que repartió 5 millones de computadoras a niños y jóvenes desde 2007 había sido reconocido por Naciones Unidas como uno de los planes más importantes de inclusión de jóvenes en el mundo.
En marzo, se despidió al equipo central del ministerio de Educación que, a través de 70 personas, coordinaba Conectar Igualdad a nivel nacional. También dejaron sin funciones a mil trabajadores del plan en las provincias, con lo cual se frenó la entrega de las seiscientas mil computadoras que ya estaban compradas (a once proveedores distintos a través de una licitación) desde 2015 para ser repartidas en el inicio del ciclo lectivo 2016. En paralelo, el ministro Esteban Bullrich transfirió la continuidad momentánea del plan a cada provincia: es decir, dejó que cada una tome la decisión de invertir o no en su seguimiento. Así retomó una política de descentralización no acompañada de recursos que ya se aplicó en la educación en la década del 90.
Sin embargo, desde el Gobierno, las autoridades de Educación desmienten el cierre del programa y aseguran que para 2017 se entregarán las 200 mil máquinas no entregadas en 2016 y las 500 mil correspondientes al nuevo año. Aseguran, además, que el Estado se demoró para comprarlas a un precio más barato: el próximo año, las compras se harán a cualquier proveedor, nacional o extranjero, y además contribuirá a reducir los costos la eliminación progresiva del arancel a la importación de electrónicos (que genera otro problema, el de la reducción de la mano de obra en las ensambladoras de Tierra del Fuego). Como complemento en los contenidos, se sumó “Infinito por descubrir”, un programa donde además de docentes trabajan ONGs y empresas privadas como Cisco, HP, Microsoft y Lego dando capacitaciones en contenidos de programación, robótica y creatividad. El ministro Bullrich, promete además un plan ambicioso para llevar conectividad del 90 de las escuelas públicas a fin de 2017, a través de Arsat y el ministerio de Comunicaciones. El primer año (el electoral) el costo de esa conexión la pagará por su Ministerio. Pero, a partir de 2018, Bullrich ya anunció que las provincias tendrán que hacerse cargo de la cuenta.
Junio de 2016: Reforma política y fraude electrónico
A cien años de la Ley Sáenz Peña, Cambiemos propuso una reforma electoral en la que el voto electrónico se convirtió en el elemento central de la discusión. Fue el tema tecnopolítico del año. Oficialismo y la oposición se pronunciaron en conjunto con una alerta: la votación con máquinas puede poner en riesgo el secreto, que es la base de la democracia moderna.
La “rapidez, la transparencia y terminar con el clientelismo”: esos fueron los argumentos del oficialismo para defender el proyecto en el Congreso, que proponía la implementación de la boleta única electrónica (ya utilizada en la Ciudad de Buenos Aires y el Salta). Según Cambiemos, las elecciones hoy sufren un problema: los grandes partidos (en especial el Justicialismo) tienen una estructura partidaria más poderosa que el resto y, por lo tanto, tienen ventaja en una votación. De acuerdo con el PRO, utilizar máquinas para los comicios, provistas por el Estado, ubica a todos los partidos con las mismas posibilidades: al no depender de la impresión, distribución y control de las boletas, grandes y chicos contarían con las mismas posibilidades. También, afirman que los niveles de fiscalización y confianza en las elecciones son elevados. Respecto del clientelismo, frente a los diputados que analizaban el proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, un experto informático mostró cómo, con un celular sencillo, se puede leer el voto emitido con el sistema electrónico que propone el oficialismo. Con ello, las máquinas no solo no evitan la compra o manipulación de los votos, sino que lo permiten. Con distintos medios, pero con el mismo resultado: saber quién votó a quién. Es decir, violar el secreto del voto.
Los programadores argentinos (de distintas procedencias ideológicas, pero todos unidos frente a la certeza de la inseguridad del sistema) fueron protagonistas del debate y presentaron, en cada convocatoria en Diputados y Senadores, evidencias de las fallas técnicas. El rechazo fue tan unánime que los departamentos de informática de las universidades nacionales y el Conicet emitieron una declaración conjunta.
A pesar de las advertencias, el Gobierno insistió con la modernidad de aplicar el voto electrónico, aunque una tecnología vieja como un mapamundi demuestre que ya no lo es. De 295 países, sólo 7 utilizan el voto electrónico: Bélgica, Estonia, Brasil, Venezuela, algunos estados de Estados Unidos, India y Filipinas. Hace algunos años, esta lista era más extensa, pero algunos países “desarrollados” como Alemania, Finlandia, Holanda y Australia, lo prohibieron. Por el contrario, hoy los primeros 20 países en el ranking de desarrollo humano del planeta votan con papel.
El activismo, los datos en su contra y la evidencia de sus vulnerabilidades, hicieron que la reforma política cayera en 2016. Sin embargo, el Gobierno insistió (y probablemente insista el próximo año) en su aprobación provincia por provincia, para luego llevar su implementación a nivel nacional.
Julio: Datos de Anses y el control público de la información
El 21 de julio, otro alerta llegó desde el Boletín Oficial: la Jefatura de Gabinete argentina, a cargo de Marcos Peña, firmaba un acuerdo con Anses para que el Gobierno pudiera utilizar su enorme y actualizada base de datos para “comunicarse mejor con los ciudadanos”. La intención era clara: hacerse de esos datos para “mantener a la población actualizada”, segmentando los mensajes por lugar de residencia, edad y otros parámetros. “No es lo mismo lo que tenemos que comunicar sobre el dengue a alguien que vive en Misiones que a alguien que está en la Patagonia”, explicaba Peña. La polémica fue inmediata, no sólo entre los opositores al Gobierno, sino también entre algunos adeptos, que a su vez expresaron su incomodidad de ser expuestos ante la administración estatal.
Los días siguientes, la noticia reavivó un debate necesario: Ningún Estado puede funcionar sin información de sus ciudadanos y el manejo de esa información no puede ser el mismo que hace 40 años. La tecnología cambia y los datos son cada vez más y más precisos. Nos facilitan hacer trámites, sacar turnos, procesar la información. El punto es cómo se manejan esos datos, quién los maneja y, sobre todo, quién controla a aquellos que manipulan nuestros datos. En esto, Argentina solo es un país más de los que tienen que resolver ese punto. Con la posibilidad de obtener, procesar y manipular cada vez más información en tiempo real, se facilita la administración pública, pero también se genera un nuevo problema: cómo hacer eso respetando los derechos de las personas.
Septiembre: Arsat y la soberanía de los cielos
Arsat, la empresa estatal fundada en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner para invertir en infraestructura de telecomunicaciones, construir y operar satélites, instalar una red propia de fibra óptica y servicios de almacenamiento de datos, también enfrentó en 2016 el avance del lobby extranjero para quedarse con parte de sus operaciones. El debate, una vez más, fue si la empresa continua siendo un activo estratégico del Estado o si, en cambio, su rol es el de atraer capital privado en forma de “inversiones” para el país.
Con el cambio en los organismos de Comunicaciones, Arsat quedó a cargo del Ministerio de Aguad y quedó a cargo de Rodrigo de Loredo, su yerno, y también cordobés. Luego de despedir trabajadores en la empresa, el Gobierno pidió asesoramiento a la consultora norteamericana McKinsey, que dividió a Arsat en cuatro unidades de negocios para explotar mejor su rentabilidad económica: los satélites, el datacenter, la red de fibra óptica y la televisión digital, y para cada uno emitió recomendaciones sobre cómo mejorar su ingreso de divisas (sobre la base de la infraestructura construida durante el kirchnerismo).
En el caso de los satélites, se autorizó a empresas francesas, holandesas y estadounidenses para operar en el país, iniciando un programa destinado a desregular el mercado. Respecto al Arsat-3, el tercer satélite geoestacionario de la compañía, que tenía fecha de lanzamiento en 2019, De Loredo admitió que su fecha de lanzamiento todavía no está confirmada hasta no tener “el 100 por ciento de las inversiones necesarias” por parte de compañías privadas. Con esto, se abandona el camino anterior de la financiación estatal o a través de deuda pública.
Mientras tanto, en noviembre, a un mes de finalizar el año, Arsat sólo había ejecutado el diez por ciento de su presupuesto asignado, el ministerio de Modernización se apropió de su datacenter y la Televisión Digital Abierta (TDA) está desmantelada.
Octubre: Internet de las cosas y su ataque caníbal
La advertencia había comenzado en septiembre: el periodista Brian Krebs, que cubre habitualmente temas de seguridad informática, recibió un ataque que hizo “caer” su página web. La metodología que usaron sus ciber-agresores fue una habitual: un ataque distribuido de denegación de servicio, más conocido como DDoS. Explicado de manera sencilla, se trata de realizar muchos requerimientos al mismo tiempo a una misma dirección web, con lo cual esa página colapsa y se cae. Como reportero dedicado a ocuparse de todo tipo de hackers, la arremetida no parecía extraña. Sin embargo, su magnitud sí lo fue, y puso a la comunidad informática en alerta. El ataque tenía el doble de peticiones de las habituales y había utilizado cámaras digitales, routers domésticos y otros objetos conectados a internet como vehículos de un software de ataque conocido como Mirai. Los DDoS, hasta hace algún tiempo, se valían de muchas computadoras conectadas en red atacando. Pero ahora esas computadoras, además, usaban todo un ecosistema de objetos “bobos” que interceptaban a su favor y que estaban (están) en cualquier lado, a nuestro alrededor. En nuestro afán consumista y tecnófilo, hemos conectado tantos millones de objetos a la señal del wifi que son ellos mismos los que, en forma de ejércitos de robots zombis controlados al mismo tiempo, pueden ser utilizados como armas.
Ante el ataque hacia Krebs, el veterano académico y periodista Bruce Schneider escribió un artículo que rápidamente circuló en la comunidad informática internacional, y trascendió también sus fronteras. “Necesitamos salvar a internet de la internet de las cosas. Esto va a permanecer inseguro a menos que los gobiernos se involucren para solucionar el problema”. Pero el problema ya estaba en marcha y el viernes 21 de octubre de 2016 se hizo más grave, cuando 10 millones de direcciones IP se unieron en un ataque masivo que tiró abajo a sitios masivos como Twitter, Spotify, Ebay, Playstation, PayPal, Netflix, y a webs de noticias como el New York Times. Fue el ataque más grave de la década y estuvo minuciosamente planificado, ya que embistió sobre grandes proveedores de la infraestructura de internet como Level 3 (que maneja el 72% de las conexiones del planeta) y los DNS, algo así como la libreta de direcciones central de toda la Red. La agresión inutilizó servidores clave de la Red en el mundo: si se toca el sistema nervioso de las direcciones, se genera un caos de tráfico similar a cortar todas las autopistas de entrada a una ciudad.
El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró: “los ataque DDoS son muy poderosos para el cibercrimen”. Un título destinado a calmar una preocupación, cierto. Sin embargo, la pregunta ignoraba (intencionalmente o no) el centro del asunto: ¿Los países seguirán acrecentando sus filas de defensores informáticos como única solución al problema? ¿O habrá llegado la hora de que también se preocupen por regular a la industria privada desde el Estado, para que los productos que se venden en un supermercado no se transformen en armas masivas? La respuesta, como casi todas las de la tecnopolítica, es ideológica. La opción uno es dejar al mercado tomar nuestras vidas. La opción dos es interceder antes de que sea tarde.
Noviembre: La posverdad y otra culpa de internet
Las noticias falsas no son algo nuevo. Preceden a Facebook, a Twitter y a los miles de sitios que cada día intentan captar la atención en un mundo de concentración informativa y crisis del periodismo. Pero el año en que la posverdad fue declarada palabra del año por el diccionario Oxford internet, volvió a discutirse si la concentración de las empresas y plataformas que manejan la información no nos está transformando en caníbales de informaciones sólo porque nos gana la comodidad de confiar en quienes ya confiamos (o en nuestros propios prejuicios). Las grandes revistas de tendencias del mundo como The Economist o Time se ocuparon del tema. Las fake news dejaron de ser una broma o un artilugio de los medios para conseguir más tráfico. Este año, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos comprobó que las mentiras pueden llegar a ocupar el lugar del poder real.
En medio de un cambio en la forma en que se producen y consumen las noticias ya no hace falta comprarse una cadena de televisión para llegar al poder; dar noticias falsas es económico. Hoy, dominando la publicidad en las redes sociales y con presencia en la infraestructura informativa de las redes (donde los usuarios son consumidores, pero también productores de noticias), las operaciones resultan más sencillas.
El ascenso de las noticias falsas es económico. En medio de un cambio en la forma en que se producen y consumen las noticias ya no hace falta comprarse una cadena de televisión para llegar al poder. Hoy, dominando la publicidad en las redes sociales y con presencia en la infraestructura informativa de las redes (donde los usuarios son consumidores, pero también productores de noticias), tenemos ventaja. Para la elección de 2016, Donald Trump había recaudado menos de la mitad del dinero que Hillary Clinton. Trump se dio cuenta a tiempo que tenía que usar su gran poder de contagio en las redes y contrató a Brad Pascale, un experto en marketing digital, para llegar a cada persona que pudiera multiplicar su mensaje. Luego, cortó su presupuesto en medios tradicionales (televisión y diarios). Al final de la campaña, su estrategia generó 647 de menciones gratuitas en los medios, o el equivalente a haber gastado 2.6 billones de dólares (que, claro, no gastó, sino que se produjeron “gratis” por el impacto de sus contenidos). Sin embargo, no toda la información que salía de la usina Trump era verdadera. El republicano compartió encuestas de sus propios medios o de canales de televisión afines, haciéndolas pasar como sondeos a nivel nacional, y retuiteó titulares falsos. Con esto, Trump utilizó las “cámaras de eco” o “burbujas de filtro” en su favor, es decir, las noticias que compartimos porque las publican nuestros amigos. Y como confiamos en nuestros contactos más cercanos, creemos que son verdad.
Tras las elecciones en Estados Unidos, Ipsos y Buzzfeed publicaron un estudio contundente: de las 20 noticias más compartidas en Facebook durante las elecciones, las de los medios “tradicionales” habían logrado 7 millones de interacciones y las de los medios “alternativos” (no siembre verdaderas) habían superado los 8 millones. No sólo eso: del total de noticias falsas, los usuarios habían considerado ciertas el 75% de ellas. Para que esto sucediera, Facebook y su algoritmo hicieron gran parte del trabajo. Co-responsable del problema, Mark Zuckerberg presentó un plan para evitar la desinformación en su red, que pondrá en marcha en 2017. Entre las medidas, agregará un botón para que la comunidad denuncie las mentiras y se asociará a un grupo internacional de medios de fact-checking (chequeo de noticias o periodismo de datos) para que lo ayuden como editores externos de la información.
Diciembre: Recortes a la ciencia y la tecnología
La alerta se había iniciado en octubre, con un documento elaborado por investigadores del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en el que advertían que el presupuesto 2017 para el área de Ciencia y Tecnología se reducía al 0.5 por ciento del PBI (respecto del 0.65 del 2016; cuando además había llegado al 0.75). Con esto, advertían que corrían riesgo programas con desarrollos plurianuales y la continuidad en el país de investigadores que podían iniciar una nueva “fuga de cerebros” hacia el exterior. En ese aviso, también advertían que era necesario que la comunidad científica se uniera, pero también discutiera cómo debía invertir el país sus recursos.
En diciembre, luego de la aprobación del presupuesto 2017, el directorio del Conicet decidió reducir en un 60 por ciento la incorporación de científicos, que aumentaba desde 2004. Frente a los 943 ingresos de 2016, para el 2017 se reducía el número a menos de 400. Los investigadores del Conicet se declararon de inmediato en estado de alerta y la movilización fue creciendo hasta que, cerca de la Navidad, se tomó la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología y se llamó a pasar la Nochebuena en ese edificio (y sus hermanos provinciales) bajo la consigna #NavidadEnCONICET. Mientras la convocatoria crecía, una oleada de críticas y ataques comenzó a circular en las redes para desacreditar el trabajo de los científicos. La posverdad también quería operar, esta vez para desacreditar una lucha de un sector de la sociedad.
La movilización y la negociación colectiva llevaron a prorrogar las becas a los investigadores recomendados, buscar que postulantes recomendados que no fueron seleccionados se inserten en organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas privadas para tareas de investigación y desarrollo, entre otros puntos, además de retomar las negociaciones particulares a partir de febrero.
En medio del conflicto, contó un investigador, uno de los funcionarios del Gobierno le recomendó “convertirse en emprendedor”. Tal vez allí esté el dilema, la pregunta, o la lucha, para el balance del próximo año: ¿Tiene la ciencia y la tecnología algo que ver con la decisión del Estado? ¿O nos convencerán que el progreso y la modernidad son sólo fruto del “esfuerzo individual”, la meritocracia y el emprendedorismo?
