Publicada en Viernes Ámbito, 16 de mayo de 2014.
Entrevista al secretario de Comunicaciones, Norberto Berner
EL PLAN DEL GOBIERNO PARA REGULAR INTERNET
Casi en simultáneo con el lanzamiento de la licitación del espectro de telefonía móvil 4G, el gobierno se apresta a dar otro paso de alta significación para el mercado de las comunicaciones. El secretario Norberto Berner anunció hace días la creación de la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI), para “elaborar una estrategia nacional sobre” la web “y su gobernanza”. Sobre el futuro de la Red en el país, la responsabilidad de los prestadores, el dominio del mercado, el papel de Google y Facebook, y el uso de datos confidenciales o privados, Berner habla por primera vez.
Por: Natalia Zuazo
Viernes: El 23 de abril, el día de apertura de Net Mundial, se anunció la creación de CAPI. ¿De quién surgió la iniciativa?
Norberto Berner: De una necesidad, de un problema. No teníamos dónde discutir algunas cosas, por ejemplo, cómo implementar el Ipv6 (un nuevo protocolo de direcciones de internet). Hay que dar estándares comunes, a Nic.ar, a los licenciatarios de telecomunicaciones, a la CNC, para que controle. Y también para reunirnos y llevar posiciones comunes a los foros donde se debate la gobernanza de internet.
V.: ¿Cuál es la agenda para la primera reunión de CAPI?
N.B.: La primera reunión es más para escuchar, hablar sobre Net Mundial y el documento que se aprobó en San Pablo. Sobre cómo jugaron los países, cómo se dio vuelta Estados Unidos con la neutralidad y cosas por el estilo. Vernos las caras y conocernos. Una tarea fundamental de CAPI es analizar los documentos que se debaten en los foros internacionales de gobernanza de internet donde participa la Argentina.
V.: ¿Quiénes van a estar en la primera reunión?
N.B.: Los que figuran en la resolución de su creación: Nic.ar, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Datos Personales del Ministerio de Justicia, la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información), Cancillería, la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) y nosotros, la Secretaría de Comunicaciones. Somos, además, los que nos estamos reuniendo desde antes de la creación de la CAPI. El documento que llevamos a Net Mundial se discutió en este marco, con estos ocho organismos representados. También, como primer criterio, vamos a invitar a todos los argentinos que hayan participado en Net Mundial. Estos días hablé con Ericsson, con Telefónica, y todos más o menos lo mismo: ¿cuál es la hoja de ruta? Hay que tener paciencia. Primero, discutiremos el documento de Brasil. Después, empezaremos a escucharnos.
V.: Algunos critican que no está el Ministerio de Educación, que tiene un rol importante en la difusión de internet en el país.
N.B.: Porque no tiene que ver con la gobernanza. La lógica fue integrar a los organismos que tienen una obligación regulatoria en el tema de Internet. Los que mencioné anteriormente regulan. El Ministerio de Educación no lo hace, pero tampoco descarto que en un futuro esté. Tampoco Argentina Conectada, que está trabajando en infraestructura de Internet, pero no está incluida, más allá de que su voz está en la Secretaría de Comunicaciones, porque depende de nosotros. Si tomáramos un criterio amplio, todos los ministerios tienen acciones respecto de Internet. ¿Industria, por qué no estaría?
V.: ¿No debería estar?
N.B.: No, porque no regula. Pero sí tiene que estar Economía, por la cuestión tributaria. Pero además la lógica de la CAPI no es tanto nacional. Yo no vengo a suplir a Argentina Conectada, a Conectar Igualdad, a TDA, que son todas iniciativas y programas específicos relacionados con internet. El objetivo es marcar la estrategia de la Argentina en materia de gobernanza de internet. La lógica de la CAPI es pensar y debatir la gobernanza y el marco de Internet estratégicamente, y sin suplir las funciones específicas de cada uno. No se pretende desde la CAPI discutir cómo se está trabajando en Conectar Igualdad, si está bien, si está mal, si el criterio para asignar la netbook es correcto. Y en infraestructura tampoco. Arsat es un actor más dentro del múltiple mapa de actores de las telecomunicaciones. Hay una sola red de internet en la Argentina, operada por distintos actores, entre ellos el Estado. Pero es uno más de los cuatro operadores más grandes de telecomunicaciones.
V.: Otros preguntan por qué no está la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
N.B.: Por la misma razón, que no regula. No queremos meter temas de contenidos. No estamos discutiendo copyright y no estamos discutiendo convergencia. ¿Puedo tener un problema de datos personales, de privacidad, de ciberseguridad? Sin duda.
V.: Los temas de privacidad entonces entrarían en las discusiones.
N.B.: Sin duda. Está protección de datos personales. De hecho, ahí tenemos un debate muy interesante internamente. Unos dicen que, en principio, todos estamos sometidos al spam o a las llamadas para venderte cosas, salvo que digamos lo contrario. O sea, te tenés que bancar que el banco te llame a las 3 de la mañana. Esa es la posición de datos personales, ley nacional. Y yo digo: todo bien con la ley, pero en defensa del derecho de usuario no me pueden vender ningún servicio que yo no pida. Yo digo que es al revés: que no me des nada, salvo que yo lo acepte expresamente.
V.: ¿En el caso de las empresas privadas de internet, cómo se integrarían a la CAPI?
N.B.: Tenemos también que definir el criterio. La comunidad técnica tiene que estar, sin dudas. Allí discutirán Cabase con Telefónica, Telecom, quién representa a quién, cómo se organiza esa representación del sector. La idea nuestra es hacer un intento de trabajo multistakeholder (de múltiples actores) en serio. Esto significa que quién sea el actor de cada parte lo va a definir la propia comunidad, no el Estado. Nosotros damos el espacio para la discusión. Además, no tenemos todas las definiciones; nosotros también vamos con preguntas sobre cómo generar los criterios de participación y funcionamiento.
V.: No nombró a Fibertel, proveedor de internet de un 25% del mercado argentino, aproximadamente.
N.B.: No puedo invitar a Fibertel. No me deja la Justicia, porque la resolución 100 determinó que no existe, que no tiene licencia para brindar el servicio. No es mi problema.
V.: ¿Telecentro?
N.B.: Telecentro sí. Estamos haciendo ahora una auditoría integral en estos días, trabajando sobre denuncias de servicio. Pero están incorporados.
V.: En definitiva, todavía no está cerrado quiénes son los interesados.
N.B.: Ése es el gran desafío: definir quiénes son “todos los interesados”. Lo hablé con Fadi Chehade, el presidente de la ICANN, en Brasil: cómo hacer un organismo verdaderamente de múltiples actores. Nosotros queremos ir a un esquema de un organismo que efectúa análisis y que pueda hacer recomendaciones respecto a la política de internet en la Argentina. Entonces, el primer desafío es definir cuáles son, en Argentina, las múltiples partes interesadas. En principio, hay cinco categorías: el Gobierno y sus múltiples agencias (que ya más o menos nos organizamos), la comunidad técnica, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad académica. Por eso digo que el primer paso es definir ese universo, definir con qué teoría de la representación vamos a operar. Pero ojo: cada sector tiene que elegir sus representados, que luego hablarán en la CAPI. Eso no lo voy a elegir yo.
V.: En el caso de la comunidad académica, ¿quiénes estarían invitados?
N.B.: Es muy fácil. Le mando la convocatoria a la Secretaría de Políticas Universitarias y al CIN (Consejo Universitario Nacional) y les pido que elijan dos representantes utilizando los mecanismos institucionales que tienen. Esos dos representantes llevarán el voto de las distintas universidades, públicas y privadas, y distintas carreras. Que no son solamente ingeniería. A Medicina también le interesa Internet porque trabaja, por ejemplo, con telemedicina.
V.: ¿En la sociedad civil cuál sería el criterio?
N.B.: Ahí vamos a galopar, ¡y agarráte Catalina! Hay que hacer una gran tarea: salir a buscar a todas las asociaciones que tengan relación con internet, pero sobre todo a las que tengan la representación de usuarios. Pero tengo claro que esa va a ser una de las partes más conflictivas del proceso.
V.: En el caso del sector privado, usted sabe que el mercado de las telecomunicaciones es muy concentrado y en algunos casos monopólico, pero además muchas empresas son transnacionales. ¿Se convocará también a las empresas extranjeras con sede en el país?
N.B.: Si son solamente licenciatarios de comunicaciones es fácil. No importa si son argentinos o no; si tienen licencia, son parte del sector privado. También hay que incluir a las cámaras y a los negocios como los desarrolladores de software. Pero repito que es un proceso largo. En Brasil, el Comité Gestor de Internet se creó en 1995 y tardó muchos años en armarse tal como está ahora.
V.: ¿El modelo a seguir es el del Comité Gestor de Internet (CGI) de Brasil?
N.B.: Estamos buscando nuestro modelo. El rol de CAPI debería ser promover y generar los espacios de debate e ir cristalizando y acompañando los momentos de decisión de cada universo de representados. Yo tengo respuestas para las preguntas que hago, pero si las doy yo hoy, que soy el Secretario de Comunicaciones, por ahí en cuatro años son distintas. No quiero condicionar el proceso. O generar un lío político, porque con tal de llevarme la contra hay más de uno que está dispuesto a hacer lío e ir por otro lado sólo porque se me ocurre invitar a Google. Yo pongo arriba de la mesa las posibilidades y las preguntas, que además surgieron de hablar con los distintos actores.
V.: En Brasil, uno de los logros del CGI fue la aprobación del a ley de Marco Civil, que engloba distintos derechos de los usuarios de internet. ¿Sería un modelo para la CAPI o prefiere trabajar sobre leyes específicas.
N.B.: Marco civil. Lo digo desde un sentido político. Yo quiero un marco civil de telecomunicaciones. Creo que la Argentina requiere una actualización jurídica en materia de telecomunicaciones. Nuestra definición de Internet es que es una red de redes de telecomunicaciones. Por lo tanto, entra en este tipo de regulación. Y tenemos que regular sobre nuestras cuestiones, las argentinas, que son distintas a las del resto del mundo. Tenemos ahí una ley de 1972, que requiere un trabajo grande, donde lo local tenga más participación y más transparencia. Sino, tenemos un esquema con zonas dentro de la misma región o municipios muy bien conectados y municipios en donde no podés poner una antena. Al mismo tiempo, tenemos que trabajar muy fuertemente en un plan de despliegue de telecomunicaciones en Argentina, fundamentalmente en sitios para celulares o antenas. Las tecnologías inalámbricas claramente van a seguir creciendo, son el futuro, también para conectividad de internet.
V.: Su ley de Marco Civil argentina, ¿incluiría neutralidad de la red o no?
N.B.: Neutralidad, sí. Tengo una posición tomada al respecto y no tengo problema en decirlo. En la Argentina, la resolución de calidad que tienen que aplicar los licenciatarios de telecomunicaciones dice que tiene que haber neutralidad. Te cito: “Garantizar a cada usuario un acceso que de ningún modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, entorpezca, degrade, o restrinja arbitrariamente la recepción o el envío de información”. ¿Es mejorable? Sin dudas. Pero esto es una definición de neutralidad y está vigente en Argentina desde julio del año pasado.
V.: Otro tema conflictivo, que quedó incluido en el documento de Net Mundial, es que las empresas tendrán una responsabilidad limitada como intermediarios de información que suban terceros. Empresas como Google y Facebook suelen pedir estas cláusulas, para evitar eventuales demandas judiciales. ¿Cuál es su postura?
N.B.: Estamos de acuerdo con limitar cuál es la responsabilidad de intermediarios. También hay que definir qué intermediarios. En el Estado argentino creemos que son los licenciatarios de telecomunicaciones, en este caso los proveedores de servicios de internet (ISP). No lo tenemos definido ni para Google ni para Facebook. Con la normativa argentina, entiendo que un ISP que hace la inversión para brindar el acceso a internet es un intermediario con limitación de responsabilidad posible. Pero para el resto de las empresas, como Google, hay que verlo todavía. Es, sin dudas, algo que un juez podría estudiar, a partir de un caso concreto. Y en el caso de los ISP, son intermediarios siempre que sean licenciatarios de telecomunicaciones, que estén absolutamente en regla con su actividad y que colaboren con los poderes constituidos. Por ahora hay 1350 licenciatarios de telecomunicaciones, dentro de los cuales algunos brindan acceso a internet. Pero también hay empresas que compraron un router y brindan internet en un edificio, supongamos, y no entraría la limitación de responsabilidad (ndr: porque no gestionan contenidos). Esa fue nuestra posición en Net Mundial, en la que tuvimos que estar de acuerdo con Estados Unidos, muy a nuestro pesar, porque estar de acuerdo con Estados Unidos siempre me genera dudas sobre mi posición.
V.: Y en lo personal, ¿qué opina sobre Google y Facebook?
N.B.: Que tenemos que tener mucho cuidado porque son empresas muy grandes y muy dinámicas. Es muy difícil establecer una posición hoy, porque Google no es carrier (ndr: prestador de telecomunicaciones, dueño de los “caños”). Pero, ya lanzó los globos para transmitir Internet. ¿Y si se transforma en carrier? Listo, se acabó la discusión. Por ahora, el servicio que presta es de intermediario y de recopilación de información. Un problema que tenemos con Google y Facebook, que lo tenemos en general todos los países, es la limitación de responsabilidad frente a un daño que se repara en los tribunales locales. Mínimamente, yo tendría que limitar la responsabilidad a empresas argentinas, con las leyes argentinas. Entiendo que ellos generen un lobby para no ser responsables, pero es un tema que hay que definir cómo va a funcionar a futuro.
V.: ¿Cuán al tanto está la presidente Cristina de Kirchner sobre estos temas de internet y qué puntos le interesan particularmente?
N.B.: La Presidenta está muy interesada de las cuestiones de Internet. Hemos discutido la resolución 1 de emergencia de telecomunicaciones, el decreto 681 de la regulación de calidad y la defensa de los usuarios en materia de celulares y de comunicaciones en general. A ella le preocupa mucho el sustento de conectividad de los argentinos como garantía para el bienestar.
V.: ¿Y sobre el tema del espionaje de la NSA, en el cual Dilma Rousseff tomó una clara posición denunciando a Estados Unidos?
N.B.: En eso está plenamente consustanciada. Cuando se inauguraron las facilidades satelitales para probar los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, comentamos el trabajo para la homologación de los celulares, y a ella le pareció fundamental que se hicieran en Argentina, por temas de soberanía nacional.
V.: ¿Cuál es su posición sobre temas que también reclama la “comunidad internacional” como penar el llamado cibercrimen?
N.B.: Que son leyes que tienen que pasar por el Congreso. Necesariamente se regula a través de las leyes nacionales, porque estamos hablando de delitos. Un mensaje muy claro: lo que pasa afuera pasa adentro. Internet no es un “espacio virtual”. Son cosas que se vienen discutiendo hace años, pero uno las veía en la facultad de Derecho al final de la carrera, como el derecho internacional privado. Está todo escrito, todos los problemas que nos estamos planteando como novedosos, tenés todas las doctrinas. Sin embargo, la incorporación local siempre es a través del Congreso. Podemos hacer cientos de documentos como Net Mundial, pero la discusión es local.
V.: El otro tema es que cuando los temas relacionados con Internet llegan al Congreso, los diputados y senadores tengan la información o conocimiento para tratarlos. ¿Comparte la opinión de que en el ámbito legislativo falta educación en temas digitales?
N.B.: No sé. Yo participé en el la Comisión de Comunicaciones del Senado y encontré legisladores bien informados y planteando debates interesantes, no sólo oficialistas sino también de la oposición. Por ejemplo, Liliana Fellner, Rubén Giustiniani, Nito Artaza, María Eugenia Estenssoro. Obviamente, todos sabemos más de ciertos temas y es difícil ser técnicamente capaz en todos, pero yo creo que el Congreso Nacional en la democracia argentina está muy bien preparado para dar estas discusiones y creo que hay un nivel de comprensión sobre cuáles son los intereses afectados bastante bueno. Podemos no acordar en temas álgidos como declarar servicio público a la telefonía móvil. En Argentina, prácticamente todos los servicios públicos coinciden con actividad monopólica, entonces si uno pretende racionalidad, por ejemplo para los precios, el Estado tiene que participar para suplir una falta que no puede dar el mercado.
