A cien años de la Ley Sáenz Peña, el voto electrónico que propone la reforma electoral de Cambiemos podría poner en riesgo una de las bases de la democracia: el secreto. ¿Del fraude patriótico al fraude electrónico?
Este año, en Argentina deberíamos celebrar el centenario de la primera elección presidencial bajo la Ley Sáenz Peña, es decir, la universalidad, igualdad y el secreto del voto. Festejaríamos el fin del fraude sistemático y el inicio de la República (interrumpida luego en los sucesivos golpes cívico-militares). Sin embargo, a partir del proyecto de reforma política presentado este año por Cambiemos, y en especial en su propuesta de cambiar el instrumento de votación hacia la adopción del voto electrónico, tal vez debamos dejar el festejo de lado y volver a defender ese derecho conquistado hace un siglo. La razón es simple y está confirmada en el mundo: el voto electrónico no garantiza el secreto del voto. Al contrario, puede llevarnos a una nueva era de fraude. Y no por culpa de la tecnología ni de la política, sino por una combinación de fe, magia y capricho llamada tecno-optimismo.
El Gobierno de las máquinas
El Gobierno de Cambiemos ama las máquinas y lleva adelante su fe tecno-optimista desde su asunción, el 10 de diciembre. El credo es que siempre a más tecnología se consigue más progreso y que, por eso, siempre primero hay que aplicarla y luego medir los resultados. Sino, se pierde el tren del futuro y se cae en el atraso. Con esa biblia en mano el Estado puede defender la apertura de todos los datos de los ciudadanos para “targetizar” mejor sus mensajes, tercerizar el manejo del Estado en grandes corporaciones tecnológicas y hasta cambiar la forma de votación por un sistema electrónico que ya fue descartado por los países más desarrollados del mundo (y a los que este mismo Gobierno dice tener como ejemplo).
Mauricio Macri definía así el voto electrónico antes de su implementación (ilegal y vía decreto) en 2014 en la Ciudad de Buenos Aires: “Va a ser muy simple. La verdad es que está muy bueno y está probado”. En 2016, al presentar el proyecto de reforma política en agosto, agregó que el “nuevo sistema” es “más transparente y equitativo”. Según su Gobierno, el diagnóstico político para implantar el voto electrónico es que los grandes partidos (en especial el Justicialismo) tienen una estructura partidaria más poderosa que el resto y por lo tanto tienen ventaja para “amañar” una votación. Para Cambiemos, entonces, utilizar máquinas para los comicios, provistas por el Estado, ubica a todos los partidos con las mismas posibilidades: al no depender de la impresión, distribución y control de las boletas, grandes y chicos contarían con las mismas posibilidades.
No tan chequeado
Sin embargo, sus argumentos son refutables. El sistema electrónico no es necesario para garantizar la paridad electoral de los partidos. Sí lo sería la boleta única en papel, que se usa en la gran mayoría de los países del mundo, y en las provincias argentinas de Santa Fe y Córdoba. La boleta partidaria, que aún utiliza nuestro país (y Uruguay) es, efectivamente, un sistema en desuso y sería sano también cambiarla. Pero el PRO –aunque haya defendido la boleta única en papel hasta 2014- quiere ir más allá y agregar más tecnología, con lo que no iría a un mejor sistema sino a uno más inseguro. “Parece que al gobierno la boleta única papel no le parece suficientemente moderna, ni del Siglo XXI. Sin embargo, ese es el sistema utilizado por la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo países tan “poco modernos” y tan “atrasados” como Alemania, el Reino Unido, la mayoría de los estados en Estados Unidos, Holanda y los Países Escandinavos, entre otros”, explica la especialista en sistemas electorales y transparencia Delia Ferreira Rubio.
El oficialismo también alega que vivimos en un sistema fraudulento, que tendrá en la tecnología un factor de transparencia. Sin embargo, desde el retorno de la democracia en 1983, no hay evidencia de fraudes documentados y/o sancionados como tales en Argentina. Tampoco se observan, en encuestas a votantes, autoridades de mesa y fiscales, reportes de desconfianza en la votación. Según estudios cuantitativos que realizó CIPPEC en las últimas elecciones de 2015, la presencia de fiscales también es alta: los partidos mayoritarios tuvieron un 100, un 94 y un 91 por ciento de fiscalización (FPV, PRO y UNA, respectivamente).
El otro argumento esgrimido por el Gobierno para promover el voto electrónico es “terminar con el clientelismo”. Sin embargo, durante una de las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, el programador cordobés Javier Smaldone mostró una falla denominada “puntero electrónico”, que podría realizarse sobre el sistema de Magic Software Argentina (MSA), el mismo implementado para los últimos comicios en la Ciudad de Buenos Aires. La vulnerabilidad demostraba que, con un celular de gama media a la venta en el mercado, se puede leer el voto emitido y por lo tanto, generar un clientelismo por otros medios, en este caso electrónicos.
Un mapamundi por allá
Pero el Gobierno insiste con que el voto electrónico es un sistema moderno. Sin embargo, esto también puede refutarse, a través de tecnología vieja pero efectiva: un mapamundi. De 295 países, sólo 7 utilizan el voto electrónico (de algún tipo y en alguna parte del proceso). Hay dos europeos (Bélgica y Estonia), tres americanos (Brasil, Venezuela y algunos estados de Estados Unidos) y dos asiáticos (India y Filipinas). Hace algunos años, esta lista era más extensa. Pero, algunos países “desarrollados”, tras implementar distintas versiones de voto electrónico, lo prohibieron. Entre ellos se encuentran Alemania, Finlandia, Holanda, Australia, Irlanda, Polonia. Para sumar argumentos geopolíticos, si miramos el ranking de países con mayor índice de desarrollo humano del planeta, los primeros 20 votan con papel. Es decir, que incluso los países con acceso a los mayores PBI e innovaciones tecnológicas, eligen seguir sufragando con un papel (dentro de un sobre, o marcando en él una cruz con la opción elegida).
Entre los países que volvieron atrás con el sistema, el caso emblemático es el de Alemania, cuyo Tribunal Constitucional rechazó su uso en 2009 porque no permitía la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimiento técnicos. El tribunal Alemán afirmó expresamente que: “En la utilización de aparatos electorales electrónicos, el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales.” ¿Qué significa? Que es fácil ver si alguien hace fraude con un sobre o un papel. Tanto el presidente de mesa como los fiscales, la policía, otro votante, pueden saber si alguien está tratando de robarse o cambiar algo. ¿Quién es capaz de saberlo en el caso de software? Menos personas, ya que se requiere de un conocimiento mayor para entenderlo. Esto va en contra de la universalidad del voto: si son muy pocos los capacitados para entenderlo, también son pocos los capaces de auditarlos. En consecuencia, se generaran “castas” de conocimientos y la auditoría queda en manos de una elite. En la capacidad del control ciudadano hay una garantía de la legalidad del proceso electoral.
En la comparación internacional también podemos mirar a Estados Unidos (otro faro que encandila al Gobierno), que este año elige nuevo Presidente. Los rumores y amenazas de un posible “hackeo” a las máquinas de votación, especialmente por parte de activistas rusos, generan temor en el país. A partir de esta posibilidad, el director de la CIA, John Brennan, no descartó “volver a la boleta en papel” para garantizar la seguridad de los comicios. “Tendremos que tomar decisiones para enfrentar cualquier vulnerabilidad de nuestro sistema y nuestras redes. Eso puede ser volver a la boleta en papel en algunos lugares”, dijo.
Penalizar al mensajero
En la Argentina, las advertencias de la comunidad técnica especializada en seguridad informática también fueron ignoradas, e incluso criminalizadas. De distintas procedencias ideológicas, pero trayectorias profesionales de demostrada idoneidad, la mayor parte de los técnicos coincidieron: el sistema de voto electrónico es vulnerable. Y no sólo eso, sino que el sistema de boleta única electrónica (que se usó en la Ciudad de Buenos Aires y en Salta, y se muestra como modelo a copiar) tenía, antes de implementarse, fallas graves de seguridad. Esto lo confirmó la misma Justicia cuando, en agosto de este año, sobreseyó al informático Joaquín Sorianello, quien había sufrido un allanamiento y un proceso judicial tras revelar y advertir a MSA que su sistema de votación tenía una falla en la transmisión de los datos de la boleta electrónica. En su fallo absolutorio, y luego de una auditoría, la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 7 no sólo lo declaró al informático inocente sino que confirmó que el sistema “era vago y podía ser vulnerado con facilidad”.
Tampoco fue refutada otra falla en el sistema BUE, denominada “multivoto”, detectada por Alfredo Ortega, Doctor en Informática del ITBA y desarrollador especializado en seguridad de la empresa Avast. El error (informado junto a un grupo de analistas independientes unos días antes de las elecciones del 5 de julio de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires) mostraba un error de programación del sistema que permitía contabilizar más de un voto usando una boleta electrónica. Un error similar fue mostrado en Estados Unidos por Brian Varner, analista de Symantec (una de las empresas de seguridad informática más grandes del mundo). Frente a las cámaras de CNN Money (no frente a las de Telesur o Russia Today), probó cómo con un pequeño dispositivo electrónico se podía alterar el chip de la tarjeta de votación y llegar a emitir hasta 400 votos en un par de minutos, sin que nadie alrededor se diera cuenta. Ante la evidencia, la conductora de la cadena norteamericana le hizo una pregunta sencilla: “¿Cuál sería una forma segura de votar para usted, entonces?”. Varner fue contundente: “Con un papel y un sobre de carta común”.
Sin embargo, el Gobierno no sólo ignora las advertencias y los fallos judiciales, sino que además, en el mismo proyecto de la ley incorporó un artículo que criminaliza a quienes ayuden auditar el sistema. Bajo el título “Delitos informáticos electorales”, el artículo 63 propone incorporar al Código Electoral Nacional una serie de procedimientos penados con uno a tres años de prisión. La gravedad de la noticia valió que la Argentina llegara a la portada del sitio especializado en tecnología Tech Dirt: “A menos que se cambie este proyecto de ley para permitir el control independiente de los sistemas, Argentina va a encontrarse con muchos problemas”(11).
Un futuro incierto
Pero además de ignorar las evidencias, y aún si el proyecto fuera aprobado por la mayoría especial del Congreso, el Gobierno tal vez se enfrente con serios problemas de implementación, consecuencia de su apuro. En su velocidad por llegar a las paso de agosto de 2017, el oficialismo tal vez no esté evaluando que el cambio en el instrumento de votación también debe ir acompañado por una ejecución política precisa.
El primer problema podría presentarse en la confección del software de votación. Para evitar “sospechas” de compras o licitaciones a empresas vinculadas al Gobierno porteño como MSA, el Estado anunció que desarrollaría internamente el código de votación de las máquinas. Sin embargo, tendría que hacerlo en unos tres meses, un tiempo que, de acuerdo a todos los especialistas en la materia, es insuficiente. El segundo problema es la compra de las máquinas, cuyas versiones de licitaciones, países y empresas interesadas han sido diversas, incluyendo la posibilidad de comprar las terminales de votación a Corea, país que vota, paradójicamente, con boleta en papel. Es decir, Argentina compraría una tecnología obsoleta. Lo cierto es que otra ley, la de Presupuesto, ya incluye para el año 2017 una partida 60% más elevada que en la de la última elección, dentro del ministerio del Interior, dedicada a los comicios del próximo año.
El tercer problema reside en que proyecto supone que la Cámara Nacional Electoral se encargue, entre otras tareas, de la auditoría técnica del sistema. Sin embargo, sus propios miembros advirtieron que no cuentan ni con los recursos económicos ni humanos para llevar adelante semejante tarea en los tiempos que pretende el Poder Ejecutivo. El cuarto (y no último) problema es que el tiempo de ciento ochenta días establecido en la ley para realizar la auditoría del sistema tampoco alcanzaría (12). “La auditabilidad, la resistencia al fraude y el secreto no se garantizan. El sistema es muy vulnerable”, dijo el informático Alfredo Ortega en su exposición la Cámara de Diputados.
Si aún con una gran cantidad de argumentos en su contra (y con un sistema superador del actual como la boleta única en papel) el voto electrónico se aplica, la racionalidad o las prácticas internacionales no habrán alcanzado. Tendremos que pensar, entonces, que este Gobierno, que tiene en la evidencia tecnocrática un aliado para algunas decisiones, se guiaría por razones menos “objetivas” en este caso.
La primera razón podría estar vinculada con la política. Si Cambiemos impulsara y aprobara la “innovación” del voto electrónico, y contara para su capacitación con recursos del Estado, el oficialismo estaría financiando una campaña electoral extendida. Si con los recursos públicos se instruyera a fiscales, técnicos y ciudadanos involucrados en los comicios, el partido de Gobierno tendría en cada escuela una muestra de que él es el encargado de llevar a la Argentina a la modernidad (sin decir, claro, que el sistema ya es antiguo en el mundo).
La segunda razón estaría relacionada con el tecno-optimismo, que, al contrario de su publicitada transparencia (la tecnología como forma de “abrir” el Estado a los ciudadanos), se convertiría en un sistema para ocultar a los ciudadanos y volver el proceso político más opaco. Los sistemas de voto electrónico, hoy, en el mundo, son opacos: están en manos de una pequeña elite que los controla, y que a su vez puede ser controlada. El escritor y profesor de la Universidad de Yale Frank Pasquale lo dice así: “Vivimos en sociedades de cajas negras”, dice. Según él, confiamos en máquinas que no sabemos cómo funcionan y están en manos de otros: a través de empresas-redes sociales-big data-espionaje. Si, en este mundo, el voto es una de las pocas (y quizás la única) información que todavía goza de un secreto, garantizado por el Estado, deberíamos ser más responsables para no perderlo. Sino, estaremos confiando en un sistema cuyo funcionamiento nos resulta misterioso, donde sólo vemos lo que “entra” y lo que “sale”, pero no lo que pasa en el medio. Asumiremos que dentro de las máquinas para votar nuestra voluntad se traduce en un voto, pero no sabemos cómo sucede.
(Publicada en la Revista Independencias, octubre de 2016)
