Internet cumple 50 años. Tras la violación a la privacidad de los usuarios por parte de Cambridge Analytica el mundo mira a la Unión Europea. Allí, el 25 de mayo entra en vigencia un nuevo reglamento de datos personales (GRDP) que demanda más transparencia a las corporaciones. Con la agencia de Acceso a la Información Pública la Argentina puede avanzar en ese camino.
Hoy, 17 de mayo, es el día de internet. El número 13 desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la efeméride en la Cumbre de la Sociedad de la Información de Túnez. Si nos ponemos precisos, la Red tiene bastantes años más: en 2019 se cumplirán cinco décadas desde que, desde Santa Mónica, California, se conectaron los primeros nodos de Arpanet, la primera forma que adoptó el monstruo que hoy conecta al 43% de la humanidad.
Desde los 90, cuando internet comenzó a expandirse masivamente en Estados Unidos y luego por el mundo, la acompañaron las metáforas del progreso. En esos años, Al Gore, vicepresidente de la administración demócrata de Bill Clinton, había bautizado a la Red como una “autopista de la información”, una “supercarretera” que había que ayudar a desarrollar desde los gobiernos del mundo porque, a su vez, iba a llevar al progreso de los ciudadanos. La asociación era lineal: a más infraestructura, más conexiones, más comunicación, más libertad, más crecimiento económico.
Casi veinte años después, seguimos repitiendo ese mantra. También el de la supuesta “democratización” que ofrecen las tecnologías. “Utilizar el comercio electrónico es superdemocratizador del lado del comprador y del vendedor”, dijo Marcos Galperín, el fundador de la empresa argentina Mercado Libre a la periodista Martina Rúa. “La nube se está convirtiendo en el gran democratizador de los servicios de virtualización, big data e inteligencia artificial para todas las empresas”, según Larry Ellison, fundador de Oracle. “Con su plataforma Discover, Snapchat crea una relación más accesible entre marcas y consumidores, abrazando la democratización del mercado y la economía”, declaró Jeff Fromm, columnista de Forbes.
“La tecnología no hace más que mejorarnos la vida”, leemos como mantra de la publicidad tecno-optimista. Es cierto: gracias a ella hacemos cosas como ir al supermercado desde la computadora, llevamos en la mochila una colección infinita de libros en un lector digital o miramos del otro lado de la cámara a nuestro abuelo que vive lejos. También la tecnología aplicada a la salud mejoró la esperanza de vida de gran parte del planeta: en 2015 una persona vivía un promedio de 71 años, cinco años más que en el año 2000, el mayor salto desde el año 1960. Sin embargo, hay un problema que no mejoró, sino que, al contrario, se profundizó: la desigualdad.
Hoy, 8 personas en el mundo (todas ellas hombres) concentran la misma riqueza que el 50% de la humanidad. Y cuatro de ellos son dueños de empresas de tecnología: Jeff Bezos de Amazon, Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook y Larry Ellison, el fundador de Oracle. A diferencia de la anterior súper clase de millonarios, su poder no se basa en fábricas, pozos de petróleo o ferrocarriles. Su riqueza está en la concentración de grandes cantidades de datos personales, que recabaron sin una gota de sangre, sin una guerra ni una explosión.
Los dueños del mundo controlan grandes plataformas tecnológicas que conforman monopolios en distintos sectores de la economía. Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado. Facebook controla gran parte del mercado de las noticias. Amazon dirige el comercio en gran parte de Occidente. Uber no sólo quiere intermediar y ganar dinero con cada viaje, sino que busca convertirse en la empresa que transporte los bienes del futuro, incluso sin necesidad de conductores.
A casi 50 años de la primera versión internet, vivimos su etapa más concentrada. Un colonialismo digital donde unas pocas empresas se reparten la Red como alguna vez Europa dividió los límites de África a su antojo. Hasta ahora, las pocas luchas contra estos poderes han venido desde las leyes anti monopolio. En junio de 2017, la Comisión Europea aplicó a Google la mayor multa antitrust que se haya impuesto en la historia de Europa: 2.7 mil millones de dólares.
Con esa suma ejemplar, el organismo dijo que la empresa había favorecido en su buscador a su servicio de compras Google Shopping por sobre otros negocios competidores y le dio 90 días para abandonar la práctica, a riesgo de pagar el 5% de sus ingresos diarios, es decir 14 millones cada 24 horas, hasta cumplirlo.
“Google ha negado a otras empresas la oportunidad de competir en base a sus méritos y de innovar. Y, lo más importante es que ha negado a los consumidores europeos los beneficios de la competencia, la elección genuina y la innovación”, explicó la comisaria de la Competencia de la Unión Europea, la social liberal danesa Margrethe Vestager. Los números la avalan: 74% de los anuncios de compra-venta de Google que reciben clics pertenecen a su servicio Shopping. Como en las ocasiones anteriores (Google enfrenta acusaciones y conflictos legales por monopolio desde 2008 en Estados Unidos y 2010 en la Unión Europea), la corporación dijo que apelaría la multa y minimizó el problema. Poco después, el Washington Post reveló que sus ejecutivos donaron más dinero a la campaña de Barack Obama que cualquier otra empresa del país y participaron de una serie de reuniones en la Casa Blanca entre la acusación antimonopolio y el momento en que la misma fue abandonada por el gobierno.
Entonces, otras voces advirtieron que la mejor estrategia no era ir contra la estructura gigante de estas compañías, sino atacarlas en su corazón, en sus activos más pequeños pero a la vez valiosos: los datos. Si es la información lo que las hace ricas hoy y lo que les dará su poder mañana, entonces hay que quitarles el control absoluto de ese activo de la forma en que lo hacen hoy: de manera completa y con poca transparencia pública. Fascinados por lo que las empresas facilitan en nuestras vidas, dejamos de ver que todo lo que hacen es gracias a los datos. Sus algoritmos avanzados, sus servidores y chips con procesamiento ultra rápido, sus compañías de inteligencia artificial y toda la beneficencia que despliega en el mundo para garantizar su imagen positiva no serían nada sin esos granos de arena en forma de bits que le dan, todos juntos, su gran poder.
Madurar es dejar las excusas
Sentado frente a los senadores norteamericanos en el Capitolio y con un traje asfixiante para sus costumbres de remera, Mark Zuckerberg primero balbuceó y luego aceptó: “No es que nos oponemos a la regulación, senador. Sí: el reglamento de la Unión Europea puede ser un camino”.
Días después de la investigación periodística que había demostrado que Facebook había permitido que la consultora de big data inglesa Cambridge Analytica usara los datos de 50 millones de usuarios de su plataforma para hacerles llegar publicidad política, el dueño de la gran red social tuvo que admitir que su compañía no había cuidado (una vez más) los datos de sus usuarios, es decir, de sus clientes. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, en la Unión Europea los países ya habían acordado que a partir del 25 de mayo de 2018 sus ciudadanos estarían protegidos y podrían reclamar ante un problema similar.
El Reglamento General de Protección de Datos (GDRP por sus siglas en inglés) está vigente desde 2016, pero este año llega la hora de que los países lo comiencen a aplicar en sus territorios y sancionar a las empresas locales que no lo cumplan. La base del reglamento está en darles el poder a los usuarios. Y en hacer más transparentes la circulación de la información que las empresas (no sólo las de internet) tienen de los ciudadanos.
Entre otras cosas, establece que los europeos tienen derecho a saber para qué fines se utilizarán los datos, por cuánto tiempo se conservarán, si sus datos son transferidos, etc. Todo esto debe ser claro y sencillo de entender.
También, supone que cada persona le puede pedir a las empresas una copia de todo lo que recopila sobre ella, que un usuario puede corregir o revocar un dato, o que si prefiere trasladar su información a otro operador (más transparente, más barato, más justo) puede hacerlo sin dilación.
Además de multa por el no cumplimiento de estas reglas, sanciona a las compañías que no informen sobre filtraciones de datos o problemas de seguridad. Les pide que denuncien estos problemas en 72 horas. Entre otros avances interesantes, también dispone que se pueda indagar sobre los procesos automáticos de toma de decisiones, por ejemplo, los algoritmos que deciden si nos dan un crédito en el banco o, por poner un ejemplo porteño, si obtenemos una vacante en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación en Argentina
La entrada en vigor de esta norma ha despertado interés no sólo entre los europeos, sino también en Estados Unidos, que empieza a darse cuenta que sus grandes empresas necesitan mayores controles, y también en regiones como América Latina donde las leyes de protección de datos personales requieren una actualización.
La de Argentina, por ejemplo, es del año 2000, unas cuantas eras atrás en términos tecnológicos. “Nuestra reglamentación es muy completa y avanzada, pero también en los últimos años se abrió un proceso de reformas en el que participamos activamente”, sostiene Valeria Milanés, directora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
En febrero de 2017, la Dirección de Datos Personales, entonces bajo el ala del ministerio de Justicia, abrió una consulta dentro del programa Justicia 2020. “Cámaras empresarias y organizaciones como ADC presentamos nuestras sugerencias. Hay una versión final del borrador de la ley y el presidente Macri anunció que se avanzaría con su tratamiento durante la apertura de sesiones legislativas de 2017”, señala Milanés. Sin embargo, el proyecto por ahora está en pausa.
Mientras tanto, la Dirección de Datos Personales, que entre sus funciones tiene también el control y la sanción de las violaciones a la información de las personas, se transformó en un organismo autónomo, bajo el nombre de Agencia de Acceso a la Información Pública. El cambio fue recibido como algo positivo por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la Agencia hoy cuenta con un presupuesto menor al que necesita para su funcionamiento. “Esto limita su capacidad de acción. Si a eso le sumamos que todavía no tenemos Defensor del Pueblo, todavía queda bastante por avanzar en términos de aplicación efectiva de la ley actual o de una que la mejore en el futuro”, alerta Milanés.
Más allá de la Argentina, en el ámbito regional, el Grupo Agenda Digital del Mercosur también comenzó a reunirse y tratar la adecuación de las leyes de protección de datos personales de los países de la región. Tal vez, en el caso latinoamericano, también haya que apelar a la unión y a que la política, a través de los estados, recupere su accionar político frente a las corporaciones. La valentía, en la lucha contra los grandes poderes de internet, reside allí, en los usuarios reclamando nuestros derechos como ciudadanos.
